El Ministerio Público imputó al exrector y exadministrador de la Universidad Sudamericana, Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez, por los presuntos hechos punibles de estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La investigación apunta a supuestas irregularidades en los registros académicos de la institución entre 2009 y 2015, además de un posible ocultamiento de información durante la venta de la casa de estudios.

La imputación fue presentada por el fiscal Julio Ortiz, quien sostiene que, durante su gestión, Acuña Vázquez habría permitido que los registros y documentos de la universidad consignaran datos que no se correspondían con la realidad. Entre las irregularidades investigadas figuran la inscripción de estudiantes, la aprobación de materias y la supuesta rendición de exámenes sin antecedentes académicos que respaldaran esa información.

El caso cobró relevancia tras la condena a ocho años de prisión impuesta al exsenador Hernán David Rivas Román, el 24 de septiembre de 2026, por hechos relacionados con la producción mediata y el uso de documentos públicos de contenido falso. Durante el juicio se expuso que Rivas figuraba como alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2015, pese a que no habría cursado ni aprobado las asignaturas correspondientes.

Según la hipótesis fiscal, el entonces rector tenía bajo su responsabilidad la administración de las dependencias, filiales y carreras, así como el control de las personas encargadas de registrar y certificar la información académica. La investigación buscará determinar su eventual participación en las presuntas irregularidades y establecer cómo se generaron los documentos cuestionados.

Presunto perjuicio de G. 450 millones

Otro punto central de la causa es la transferencia de la Universidad Sudamericana, concretada en octubre de 2015. La denuncia fue presentada por los abogados Ricardo Sasiain e Hilda Vallejo, en representación de la institución y de sus actuales administradores, José María Manzoni Ramírez y Arturo Joaquín Peralta Vierci.

De acuerdo con la denuncia, los nuevos responsables adquirieron la universidad por G. 450 millones y, antes de concretar la operación, necesitaban conocer su situación académica, administrativa, documental y legal. Sin embargo, la Fiscalía presume que Acuña Vázquez habría presentado una situación institucional diferente de la real y omitido informar sobre las supuestas irregularidades existentes durante su administración.

El Ministerio Público sostiene que esa conducta habría tenido como finalidad obtener un beneficio patrimonial indebido mediante la venta de la institución. Los actuales administradores afirman que tomaron conocimiento de las inconsistencias a partir del juicio contra Rivas y que la difusión del caso afectó la reputación de la universidad, con consecuencias como la pérdida de alumnos, el cierre de filiales y la disminución de ingresos.

Fiscalía solicita seis meses para investigar

La imputación incluye el pedido de un plazo de seis meses para desarrollar las diligencias y reunir elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados. El fiscal también solicitó la notificación de la imputación y la aplicación de medidas cautelares.

La investigación deberá determinar si el exrector incurrió en las conductas que le atribuye la Fiscalía, si ocultó información relevante durante la transferencia de la universidad y si las presuntas irregularidades ocasionaron el perjuicio económico denunciado.

La imputación no representa una condena. Acuña Vázquez mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial y hasta que una sentencia firme determine si tiene responsabilidad penal.