Tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares en el despacho de la senadora Zenaida Delgado, que incluiría exigencias de dinero a trabajadores a cambio de contratos, bonificaciones y nombramientos permanentes en la Cámara Alta. Los montos mencionados oscilaban entre G. 20 millones y G. 100 millones, según los testimonios publicados por Última Hora.

Las denunciantes describieron un sistema de pagos que comenzaba con la entrega de parte de las bonificaciones salariales y, posteriormente, incluía sumas millonarias para acceder a un nombramiento. Algunas de las trabajadoras aseguraron que tuvieron que recurrir a préstamos para reunir el dinero solicitado y que, pese a realizar los pagos, terminaron perdiendo sus puestos de trabajo.

Una de las funcionarias relató que le pidieron G. 50 millones para obtener un nombramiento permanente. Al no contar con esa suma, consiguió un préstamo de G. 30 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF), dinero que, según su denuncia, entregó a la legisladora. Posteriormente, habría recibido indicaciones para gestionar otro crédito en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Congreso. La mujer afirmó que llegó a pagar G. 50 millones, pero fue desvinculada y actualmente debe afrontar cuotas mensuales cercanas a G. 5 millones.

Otra trabajadora señaló que inicialmente le solicitaron G. 50 millones, aunque solo pudo reunir G. 15 millones mediante un crédito. Tiempo después, recibió una nueva exigencia de G. 100 millones, dividida en dos pagos. Al negarse a asumir otra deuda, terminó fuera de su puesto laboral.

Los testimonios también hacen referencia a presuntas presiones y amenazas de desvinculación contra quienes no podían cumplir con los pagos. Según las denunciantes, entre 15 y 20 trabajadores podrían haber sido afectados por el esquema, que incluiría pedidos de transferencias y gestiones para acceder a créditos.

Las acusaciones apuntan a posibles irregularidades en la contratación y el nombramiento de funcionarios del Senado. Los hechos denunciados deberán ser investigados para determinar si existieron responsabilidades, mientras que las afirmaciones contra Delgado no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.