El exdirector del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, Pablo Abel González Apuril, fue apartado de su cargo tras la fuga de dos reclusos del Módulo 7 y la posterior intervención dispuesta por el Ministerio de Justicia. El caso derivó en la detención de cuatro guardiacárceles y la apertura de sumarios administrativos contra seis funcionarios por sus posibles responsabilidades en el hecho.

La fuga se registró durante la madrugada del domingo 25 de octubre, cuando Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba escaparon del establecimiento penitenciario. Ambos estaban alojados en el Módulo 7, destinado a internos de alta seguridad. Para salir, habrían cortado dos barrotes de una ventana y utilizado cuerdas confeccionadas con sábanas y frazadas para descender las murallas internas y la perimetral.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, señaló que las primeras verificaciones detectaron posibles incumplimientos de los procedimientos de seguridad. Entre las irregularidades mencionadas figura la ausencia de personal de vigilancia en el sector por donde escaparon los internos. También indicó que no se habría realizado el recorrido perimetral que debía efectuarse cada hora.

Cuatro agentes penitenciarios fueron detenidos en el marco de la investigación. Pedro Antonio Balbuena Gayoso y Leandro David Guzmán Maidana fueron aprehendidos inicialmente por retirar de manera irregular un bolso del penal que contenía celulares, chips, cargadores, tabletas y otros elementos. Posteriormente, fueron detenidos Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres, quienes cumplían funciones en el Módulo 7. Estos últimos tenían en su poder un teléfono celular perteneciente al director del establecimiento.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del penal para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar si existió complicidad del personal penitenciario. La investigación incluye el análisis de las grabaciones de seguridad y la revisión de los procedimientos de requisa, que deben realizarse dos veces al día en los módulos. Las evidencias digitales quedaron a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Maciel también señaló la necesidad de mejorar los mecanismos de selección, formación y control de los guardiacárceles. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales y determinar cómo los internos consiguieron los elementos utilizados para escapar, pese a los controles previstos para un establecimiento de alta seguridad.

Los dos fugados cuentan con condenas por distintos hechos punibles. Merlo Villalba, de 44 años, tiene una pena de 14 años, mientras que Ozuna López, de 35 años, fue condenado a 25 años de prisión. Tras la fuga, se activaron los procedimientos de búsqueda para localizar a ambos internos.