La Fiscalía imputó al expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Ramón Jara Rojas, por supuesto enriquecimiento ilícito, tras detectar una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399 millones. La investigación también alcanza a su expareja, Karina Estefana Otazú Fleitas, imputada por presunto lavado de activos.

La causa está a cargo de la fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El análisis financiero abarca operaciones realizadas entre agosto de 2023 y marzo de 2026, periodo en el que Jara estuvo al frente de la petrolera estatal durante parte de su gestión.

Según la investigación, en ese lapso el exfuncionario realizó depósitos y pagos en efectivo por un total de G. 5.547 millones. Sin embargo, al descontar su capacidad de ahorro y los ingresos netos declarados ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Fiscalía estableció una diferencia de G. 5.399 millones cuyo origen no pudo justificar documentalmente.

Uno de los puntos que despertó sospechas fue la diferencia entre el salario que percibía como titular de Petropar y sus compromisos financieros. Jara cobraba inicialmente G. 40,4 millones mensuales, monto que aumentó a G. 44,9 millones en octubre de 2025, mientras que las cuotas de sus créditos llegaron a sumar G. 90,9 millones al mes.

La Fiscalía también examinó gastos e inversiones que superaban ampliamente sus ingresos habituales. En octubre de 2025, por ejemplo, las erogaciones alcanzaron G. 570,6 millones en un solo mes, lo que representó un déficit superior a G. 525 millones frente a su remuneración.

Entre las operaciones observadas figura la compra al contado de un inmueble en San Bernardino, en 2020, por G. 317,2 millones, pese a que la liquidez acumulada calculada para ese momento era de apenas G. 41,4 millones. También se investigan préstamos particulares por G. 700 millones y G. 2.800 millones a terceros, cuyo origen bancario o legal no habría sido acreditado.

Otro elemento bajo análisis son las 767 transferencias realizadas a 131 personas, por un total de G. 1.336 millones, sobre las cuales la Fiscalía no habría encontrado justificativos comerciales o documentación que respaldara la entrega de bienes o servicios.

En cuanto a Karina Otazú, el Ministerio Público sostiene que habría participado en la recepción, administración y utilización de fondos cuyo origen no estaba justificado. Entre las operaciones examinadas figuran contratos comerciales por G. 500 millones, movimientos vinculados con un préstamo de G. 600 millones y la compra de 100 cabezas de ganado por más de G. 433 millones.

La fiscala solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. También pidió medidas cautelares sobre cuentas bancarias, cooperativas y vehículos para resguardar los bienes que eventualmente puedan quedar sujetos a comiso.