El juez de Ejecución Penal Carlos Mendoza Peña concedió 90 días de prisión domiciliaria al exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de cárcel por el desvío de G. 5.105 millones de fondos destinados a la emergencia sanitaria durante la pandemia del Covid-19. La medida contempla el uso gratuito de una tobillera electrónica y busca permitir que continúe su recuperación bajo cuidado familiar y control judicial.

La resolución establece que el exgobernador cumplirá la medida en la vivienda de su pareja, ubicada en la compañía Ysypo Ju, en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. El plazo vencerá el 11 de enero de 2027, fecha en la que deberá regresar a la penitenciaría La Esperanza para continuar con el cumplimiento de su condena, salvo que exista una nueva resolución judicial.

La decisión se tomó luego de analizar los informes médicos y forenses sobre el estado de salud de González Alegre, quien permanece internado en el Hospital Nacional de Itauguá tras sufrir graves lesiones en la cabeza mientras estaba recluido en la cárcel, el pasado 6 de setiembre. Los profesionales recomendaron que continúe su recuperación fuera del establecimiento penitenciario, debido a las secuelas neurológicas y físicas que presenta.

Durante el periodo de prisión domiciliaria, el exgobernador estará sujeto a controles del médico forense y de trabajadores sociales del Poder Judicial, quienes deberán informar sobre su evolución clínica, el tratamiento, las necesidades de asistencia y las condiciones de la vivienda. Su familia deberá garantizar la provisión de medicamentos, la rehabilitación y el acompañamiento permanente, además de comunicar al juzgado cualquier cambio relevante en su estado de salud.

El juzgado también dispuso que, ante una urgencia médica, sus familiares deberán gestionar de inmediato la atención sanitaria y comunicar la situación a las autoridades judiciales y a la oficina encargada del monitoreo electrónico.

Hugo Javier fue condenado a 10 años de prisión por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en una causa relacionada con el uso irregular de G. 5.105 millones transferidos a la Gobernación de Central en 2020, durante la emergencia sanitaria. La prisión domiciliaria no modifica la condena, sino que establece temporalmente otra modalidad para cumplirla debido a su condición de salud.