El Ministerio Público allanó este jueves la residencia presidencial Mburuvicha Róga, en el marco de la investigación que involucra al expresidente Santiago Peña por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. El procedimiento fue encabezado por las fiscalas Silvia González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, con participación de agentes policiales y especialistas en informática forense.
La comitiva fiscal ingresó al complejo poco antes de las 09:00 y se dirigió inicialmente a las oficinas que utilizaba Peña durante su gestión como presidente de la República. Los investigadores también inspeccionaron otras dependencias administrativas, con el objetivo de localizar documentos, dispositivos electrónicos y registros que puedan aportar información relevante a la causa.
Uno de los principales objetivos del operativo es acceder a los registros del circuito cerrado de la residencia presidencial, además de revisar servidores informáticos, agendas, teléfonos celulares y otros soportes de información. Los especialistas en informática forense trabajan en la extracción y recuperación de datos que permitan reconstruir comunicaciones, reuniones y movimientos registrados en el complejo durante el periodo investigado.
La diligencia busca reunir elementos relacionados con las presuntas operaciones financieras irregulares que habrían favorecido a Ueno Bank y a empresas vinculadas al Grupo Vázquez. La investigación fiscal apunta a determinar si Peña intervino en decisiones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera, pese a los vínculos económicos que habría mantenido anteriormente con el grupo empresarial.
El allanamiento también adquiere relevancia por los antecedentes de reuniones que, según la imputación fiscal, se habrían realizado en Mburuvicha Róga entre Peña y el empresario Miguel Vázquez, principal referente del Grupo Vázquez. Los investigadores buscan establecer si las instalaciones de la residencia presidencial fueron utilizadas para encuentros relacionados con la expansión del conglomerado empresarial y las operaciones financieras que actualmente están bajo investigación.
El procedimiento se produce tres días después de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, reconociera públicamente que existían dificultades para concretar una intervención en la residencia presidencial. Finalmente, el Ministerio Público avanzó con la diligencia y desplegó un equipo especializado para asegurar y analizar los elementos que puedan servir como pruebas.
Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La causa también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y busca esclarecer las responsabilidades de quienes habrían participado en las operaciones cuestionadas.