El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) pidió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que presente su renuncia, al considerar que su gestión al frente del Ministerio Público atraviesa una crisis de credibilidad que compromete la confianza de la ciudadanía en la institución.

El pronunciamiento se produjo en medio de los cuestionamientos por la actuación de la Fiscalía en investigaciones de alto impacto y del avance de una iniciativa parlamentaria que busca impulsar un juicio político contra el titular del Ministerio Público.

A través de un comunicado difundido por su Consejo Directivo, el gremio expresó su preocupación por la conducción de la Fiscalía y sostuvo que la autonomía constitucional de la institución no significa que sus autoridades estén exentas de responsabilidades ni de rendir cuentas sobre su gestión.

En ese sentido, señaló que el fiscal general tiene la obligación de garantizar investigaciones eficaces, independientes y transparentes, además de asegurar que todas las personas reciban el mismo trato ante la ley.

Entre los principales cuestionamientos mencionados por el Colegio de Abogados figuran las demoras en diligencias consideradas decisivas dentro de investigaciones de gran trascendencia pública, los presuntos tratos diferenciados a determinados investigados y las decisiones relacionadas con la asignación y el traslado de agentes fiscales en causas sensibles. Según el gremio, estos hechos no recibieron explicaciones satisfactorias y reflejan problemas persistentes en la conducción institucional.

La organización considera que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la imagen del Ministerio Público hacen necesario que Rolón evalúe su continuidad y dé un paso al costado.

A criterio del Consejo Directivo, una eventual renuncia permitiría evitar que la crisis de conducción siga afectando la legitimidad de una institución que tiene entre sus principales responsabilidades investigar hechos punibles y defender los intereses de la sociedad.