La Contraloría General de la República ampliará el examen de correspondencia de bienes del expresidente Santiago Peña para revisar sus movimientos financieros desde octubre de 2025 hasta la fecha. El control también se extenderá a su entorno familiar, con pedidos de información sobre su esposa, Leticia Ocampos; sus hijos, Gonzalo y Constanza Peña; y su nuera, Serenella Argaña, con el objetivo de determinar si existen bienes o activos registrados a nombre de ellos que puedan estar relacionados con el patrimonio del exmandatario.

El contralor general, Camilo Benítez, confirmó que la institución busca completar un periodo que no fue incluido en el examen anterior, que había alcanzado hasta octubre de 2025. La nueva revisión pretende reconstruir los movimientos bancarios y financieros de Peña, además de verificar operaciones crediticias vinculadas a Ueno Bank, entre ellas un préstamo que habría recibido del banco, para establecer si fue cancelado y si existen elementos que ameriten profundizar las averiguaciones sobre el origen y destino de los fondos.

Los pedidos de información también buscan determinar si algunos activos fueron adquiridos o registrados a nombre de familiares. En esta primera etapa, sin embargo, los hermanos del expresidente, Manuel y Francisco Peña Palacios, no están incluidos en las verificaciones patrimoniales anunciadas por la Contraloría.

La institución solicitó que los informes requeridos sean remitidos en un plazo máximo de 48 horas, debido a que este tipo de trámites puede extenderse durante varios meses. Benítez señaló que la intención es concluir las verificaciones antes de finalizar el año, al igual que la auditoría que se encuentra en marcha sobre el Banco Central del Paraguay (BCP).

La ampliación se produce luego de los cuestionamientos al anterior examen de correspondencia de bienes de Peña, que no detectó indicios de enriquecimiento ilícito. El contralor defendió ese procedimiento y explicó que consiste en contrastar las declaraciones juradas del funcionario con documentos oficiales y registros financieros para comprobar si el crecimiento patrimonial declarado tiene respaldo.

No obstante, reconoció que este mecanismo tiene limitaciones y no constituye una certificación de honestidad, ya que la Contraloría no tiene las mismas facultades investigativas que el Ministerio Público. Entre los elementos que pueden quedar fuera de los registros oficiales mencionó el dinero en efectivo, las coimas y los criptoactivos almacenados en billeteras privadas.

Benítez también sostuvo que la Contraloría remitió a la Fiscalía las omisiones detectadas en las declaraciones juradas de Peña, incluidas las rectificaciones posteriores. Según explicó, esos antecedentes fueron enviados en mayo de este año y deben ser analizados por el Ministerio Público, que cuenta con herramientas para profundizar las investigaciones mediante allanamientos, incautación de dispositivos y otras diligencias.

La autoridad contralora defendió además las diferencias entre el caso de Peña y el del extitular de Petropar, Eddie Jara. Señaló que en este último se detectó una transferencia de G. 3.000 millones cuyo origen generó alertas, debido a que la información tributaria disponible no respaldaba los ingresos que supuestamente habían permitido realizar un préstamo.

En paralelo al examen del patrimonio del expresidente y su entorno familiar, la Contraloría realiza controles patrimoniales sobre una veintena de personas vinculadas al caso Ueno, entre ellas exdirectivos del Banco Central y autoridades del Instituto de Previsión Social. Las verificaciones buscan reconstruir movimientos financieros y determinar si existen elementos que deban ser comunicados al Ministerio Público.

La ampliación del control sobre Peña y sus familiares se suma así a las investigaciones derivadas de la crisis de Ueno Bank, que puso bajo la lupa las relaciones financieras entre el banco, empresas vinculadas y distintas instituciones públicas. Los informes solicitados deberán permitir establecer si existen operaciones que justifiquen nuevas actuaciones de los organismos de control y de la Fiscalía.