La Junta Municipal de Asunción aprobó investigar un presunto esquema de apropiación de terrenos municipales por parte del Grupo Vázquez en la zona de Mbocayaty y La Piedad, donde unas 45 familias denuncian presiones para abandonar sus viviendas.

La minuta fue presentada por los concejales Noelia Díaz y Mauricio Maluff y recibió el respaldo de todos los ediles presentes durante la sesión ordinaria del miércoles.

El pedido apunta a esclarecer la posible participación de operadores vinculados al conglomerado empresarial y funcionarios de la Municipalidad en la elaboración de expedientes paralelos para avanzar sobre terrenos ocupados por familias que llevan décadas viviendo en el lugar.

Los vecinos denunciaron amenazas, ingresos violentos a sus viviendas, presiones para ceder sus derechos sobre los inmuebles y hasta pedidos de coimas para acelerar los trámites de regularización.

Durante la sesión, Díaz expuso los testimonios recogidos durante una recorrida por el barrio y señaló que varias familias llevan años esperando sus títulos de propiedad, mientras sus expedientes permanecían paralizados o desaparecían.

La concejala solicitó un informe detallado sobre la situación de los terrenos, las adjudicaciones, los trámites administrativos y los funcionarios que intervinieron en cada procedimiento.

Por su parte, Maluff sostuvo que el Grupo Vázquez habría avanzado sobre 71 lotes municipales con el objetivo de desarrollar un barrio cerrado. También cuestionó el tratamiento que recibieron las solicitudes de los pobladores frente a los trámites impulsados por personas vinculadas al grupo empresarial.

Como antecedente, mencionó que el 17 de marzo de este año la Comisión de Hacienda dictaminó a favor de la operación y que el 10 de abril la Junta Municipal del periodo anterior aprobó la adjudicación de los terrenos.

Los concejales también señalaron posibles irregularidades en las actuaciones de la Dirección de Catastro y de Asuntos Jurídicos de la Comuna. La investigación deberá determinar quiénes participaron en la tramitación de los expedientes, si se cumplieron los requisitos establecidos en la Ordenanza 33/95 y si corresponde revisar o recuperar los inmuebles municipales.

La normativa establece prioridad para las personas que ocupan pacíficamente los terrenos y viven en ellos, así como para quienes presentan mayores necesidades sociales.

La decisión de la Junta se suma a las denuncias que vienen realizando los pobladores de La Piedad y Mbocayaty, quienes sostienen que fueron desplazados de los procesos de regularización mientras otras solicitudes avanzaban con mayor rapidez.

El caso también forma parte de los cuestionamientos que rodean al Grupo Vázquez tras la crisis de Ueno Bank, aunque las presuntas irregularidades sobre los terrenos deberán ser investigadas por separado.