La Fiscalía retomó este jueves el allanamiento en las instalaciones de GSR Security, empresa vinculada al Grupo Vázquez, donde fueron encontradas unas 300 armas de fuego, maquinaria industrial que podría utilizarse para fabricar componentes de armamento y dos bóvedas que todavía deben ser abiertas. El procedimiento continúa en el marco de la investigación por el faltante de G. 3.090 millones de fondos relacionados con Ueno Bank y Red Digital.

Uno de los principales objetivos de la jornada es abrir una bóveda fija, incrustada en una pared y oculta detrás de varias cajas, además de una caja fuerte móvil localizada durante las intervenciones anteriores.

Ambas estructuras habían quedado cerradas al finalizar el procedimiento del miércoles, por lo que la comitiva fiscal prevé verificar su contenido y determinar si existen otros elementos vinculados con la investigación.

Durante el operativo también se encontraron máquinas industriales de inyección de polímero y equipos complementarios que, según especialistas de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), podrían utilizarse para fabricar piezas de armas de fuego, principalmente pistolas. Los equipos estaban nuevos, embalados y sin instalar. Hasta el momento no existen indicios de que hayan sido utilizados para producir armamento y su presencia en la empresa deberá ser aclarada.

En cuanto a las armas incautadas, la Digemabel verificó aproximadamente 300 unidades, entre cortas y largas, de distintos calibres. Según los primeros controles, el armamento coincide con el inventario registrado por la empresa, por lo que hasta ahora no se detectaron irregularidades en su documentación. También se encontraron chalecos antibalas y documentos que serán sometidos a análisis.

El allanamiento se inició luego de que los investigadores detectaran un faltante de G. 3.090.600.000 durante el conteo del dinero que debía estar resguardado en la bóveda de GSR Security. El propietario de la firma, Fabricio Martínez, fue detenido e imputado por presunto hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, luego de que se detectara el faltante.

Posteriormente, devolvió el monto mediante un cheque, aunque la Fiscalía aclaró que la restitución del dinero no implica el cierre de la causa ni elimina las eventuales responsabilidades penales.