La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que establece el último domingo de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica, luego de un debate en el que legisladores de la oposición cuestionaron la prioridad dada a la iniciativa, mientras que representantes de Honor Colorado defendieron la propuesta como un reconocimiento al aporte social e histórico de las iglesias evangélicas en Paraguay. La iniciativa, que ya había sido aprobada por el Senado, queda ahora a consideración del Poder Ejecutivo.

El diputado Raúl Benítez cuestionó que el proyecto haya sido incluido como primer punto del orden del día y sostuvo que el Congreso debería concentrarse en otros problemas que afectan a la población. En la misma línea, Johanna Ortega planteó que la declaración no constituía una prioridad y señaló que Paraguay debe mantener el respeto a la pluralidad religiosa, mientras advirtió que una decisión de este tipo podría generar posteriormente pedidos similares de otras confesiones.

Desde Honor Colorado, el diputado Yamil Esgaib defendió la propuesta y sostuvo que se trata de un homenaje a la comunidad evangélica por el trabajo desarrollado durante décadas en áreas como salud, educación y asistencia social, especialmente en sectores donde, según afirmó, estas iglesias tuvieron presencia antes que otras instituciones. También aclaró que la iniciativa no establece un feriado y que se retiró la obligatoriedad para el Ministerio de Educación con el objetivo de respetar la libertad de culto.

El debate derivó en nuevos cruces entre legisladores, principalmente a partir de las posiciones sobre el papel de las iglesias y su relación con la sociedad y la política. Mientras la oposición cuestionó el tratamiento de la iniciativa y pidió priorizar otros asuntos, sus impulsores sostuvieron que el proyecto se limita a establecer una fecha de reconocimiento para la comunidad evangélica.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por 42 votos, mientras que 12 diputados se abstuvieron, por lo que la propuesta quedó sancionada por la Cámara Baja y deberá ser analizada por el Poder Ejecutivo.