El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, se presentó este miércoles ante el Ministerio Público para ponerse a disposición de la Justicia, luego de permanecer fuera del país desde antes de su imputación por un supuesto perjuicio de G. 61.000 millones a la previsional. El fiscal Julio Ortiz confirmó que el ex titular del IPS acudió a la Fiscalía, pero decidió abstenerse de declarar.

Bataglia figura entre los nueve imputados por el Ministerio Público por un supuesto hecho de lesión de confianza relacionado con las obras inconclusas de los quirófanos modulares del Hospital Central del IPS. La Fiscalía sostiene que las modificaciones realizadas al contrato con la empresa Neighpart generaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

El ex titular de la previsional había salido del país el 23 de julio con destino a Italia para participar de un curso de Medicina. La imputación en su contra se presentó el 4 de agosto, cuando se encontraba fuera de Paraguay, y la Fiscalía solicitó su prisión preventiva. Su defensa había anunciado que retornaría para someterse al proceso.

Con su presentación, Bataglia pasa a estar a disposición de la Justicia, al igual que los otros ocho imputados en la causa. Entre ellos se encuentra el también expresidente del IPS Jorge Brítez, quien ya compareció ante el juzgado y obtuvo medidas alternativas a la prisión. Los demás procesados también fueron beneficiados con libertad ambulatoria y cauciones reales de G. 500 millones cada uno.

La investigación fiscal apunta a determinar la responsabilidad de exautoridades y funcionarios del IPS en las decisiones que permitieron modificar el contrato para la construcción de los quirófanos. El proceso incluye a exgerentes y exdirectores de las áreas de Logística, Contrataciones y Mantenimiento, además de una exasesora jurídica de la institución.

El caso se centra en un contrato que contemplaba la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, pero cuya ejecución no avanzó conforme a lo previsto. La Fiscalía sostiene que las sucesivas modificaciones y adendas terminaron generando un perjuicio millonario para la previsional y derivaron en la apertura de la causa penal.