El Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron este martes dos allanamientos simultáneos en las viviendas de Manuel y Francisco Peña Palacios, hermanos del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.

Los procedimientos comenzaron durante las primeras horas de la mañana en distintos barrios de Asunción y tuvieron como objetivo localizar e incautar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan aportar información sobre las operaciones financieras investigadas.

Una de las intervenciones se llevó a cabo en la residencia de Francisco Peña Palacios, ubicada en el barrio Los Laureles, mientras que la segunda tuvo lugar en el domicilio de Manuel Peña Palacios, en el barrio Mariscal Estigarribia.

Las comitivas fiscales y policiales llegaron a ambas propiedades para cumplir las órdenes judiciales y recoger evidencias relacionadas con la causa.

Durante los operativos fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y carpetas con documentación contable, que serán sometidos a análisis por parte de los investigadores.

Las diligencias estuvieron encabezadas por los fiscales Christian Benítez y Silvia González, quienes buscan reconstruir las relaciones comerciales y societarias de los hermanos del exmandatario con empresas que aparecen en la investigación.

En el caso de Francisco Peña Palacios, uno de los puntos de interés para la Fiscalía es su participación accionaria en U Holding, sociedad constituida en Luxemburgo y vinculada al esquema empresarial del Grupo Vázquez.

Su nombre figura entre los accionistas de la compañía y, posteriormente, habría transferido sus acciones al Grupo Vázquez. Los investigadores buscan determinar el alcance de esa participación, las condiciones de la operación y los movimientos societarios realizados durante ese periodo.

Por otra parte, la investigación sobre Manuel Peña Palacios está relacionada con su participación en la empresa Wels S.A., de la que habría sido propietario del 99% de las acciones. Según los antecedentes de la causa, estas acciones fueron vendidas el 22 de marzo, pocos días antes de que la firma obtuviera una adjudicación del Instituto de Previsión Social (IPS).

El contrato adjudicado a Wels S.A. superaba los USD 1,1 millones y contemplaba servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos en establecimientos sanitarios del IPS. La Fiscalía busca establecer las condiciones en que se produjo la transferencia accionaria y si existió alguna relación entre esa operación y la posterior adjudicación estatal.