El Tribunal de Sentencia que juzga al exsenador Hernán Rivas define este jueves si existe responsabilidad penal por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado. El juicio oral continúa con los alegatos finales de la defensa, a cargo de la abogada Alba Zaracho, tras la presentación realizada por el Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó una condena de 12 años de prisión para Rivas, al sostener que durante el juicio se pudo comprobar, según su acusación, que los documentos utilizados para acreditar su formación universitaria no tendrían correspondencia con una trayectoria académica real.

Los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez atribuyen al exlegislador los hechos de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Durante sus alegatos, el Ministerio Público sostuvo que las pruebas producidas permitieron revisar los antecedentes académicos que debían respaldar la condición profesional de Rivas y concluyó, desde su posición, que existían inconsistencias entre la documentación presentada y una trayectoria universitaria verificable. La Fiscalía afirmó además que esos elementos fueron analizados a lo largo del juicio oral mediante documentos y declaraciones de testigos.

Ahora será el turno de la defensa, que deberá presentar sus argumentos finales ante el tribunal integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. Una vez concluida esta exposición, la Fiscalía podrá solicitar el derecho a réplica y, si no lo hace, se prevé un cuarto intermedio para que los magistrados pasen a deliberar.

La causa llega así a su etapa decisiva luego de un juicio oral en el que se analizaron los documentos vinculados con la formación universitaria del exsenador y las circunstancias en que fueron utilizados. El tribunal deberá valorar el conjunto de las pruebas producidas y los argumentos de ambas partes antes de emitir su decisión.

La resolución determinará si Rivas es condenado por los delitos atribuidos por la Fiscalía o si el tribunal adopta una decisión diferente respecto de la acusación presentada en su contra. Por el momento, el pedido de 12 años constituye la pretensión del Ministerio Público y la decisión final corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia.