El juicio oral a Miguel Prieto por el caso Tía Chela comenzó este lunes con una disputa entre la Fiscalía y las defensas sobre las pruebas y los testigos que podrán formar parte del proceso. La defensa del exintendente de Ciudad del Este pidió incorporar 56 nuevos testigos a los casi 100 que ya fueron admitidos, mientras que el Ministerio Público solicitó informes y la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina.

El abogado Derlis Martínez, representante de Prieto, sostuvo que los 56 testigos habían quedado fuera durante la audiencia preliminar y pidió que sean incorporados al debate.

Entre ellos se encuentran sacerdotes y pastores que, según la defensa, participaron en la recepción y distribución de los 25.000 kits de alimentos adquiridos durante la pandemia. La defensa también solicitó incorporar publicaciones periodísticas y de redes sociales relacionadas con la licitación y la posterior entrega de los kits.

El Ministerio Público, por su parte, planteó un pedido de informes a la DNCP sobre una nota enviada por la empresa Tía Chela a la Municipalidad de Ciudad del Este el 20 de marzo de 2020.

En ese documento, la firma comunicó que reemplazaría las marcas de arroz, fideo y azúcar previstas inicialmente debido a problemas de stock, un punto que la Fiscalía considera relevante para el juicio. También solicitó informes a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La discusión sobre esa documentación generó otro cruce entre las partes, ya que la defensa sostiene que la Fiscalía ya tenía acceso a la nota durante la etapa de investigación y que el cambio de marcas nunca estuvo oculto.

El Ministerio Público, en cambio, argumentó que el documento recién fue ofrecido por la defensa en noviembre de 2025 y que no había sido puesto anteriormente a su conocimiento durante la investigación.

El caso investiga una compra de alimentos por G. 2.949.650.000 realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia. Según la acusación fiscal, la adquisición se concretó mediante una licitación por excepción que habría sido direccionada a favor de la empresa proveedora.

La Fiscalía sostiene que los alimentos no estaban disponibles cuando la empresa fue adjudicada y cuestiona que la Municipalidad haya recurrido a la vía de excepción para realizar la contratación.