La fiscala de Derechos Humanos Sonia Sanguines presentó acusación formal contra la exfiscala Stella Mary Cano por el supuesto hecho punible de persecución de inocentes y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público. La investigación se originó en la detención de un ciudadano italiano, identificado como Ciro Panniello, quien en 2018 fue privado de su libertad luego de una denuncia por una supuesta estafa.

Según la acusación, Cano ordenó la detención apenas seis días después de recibir la denuncia y argumentó como motivo una supuesta falta de arraigo del extranjero. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público, Panniello ya contaba con documentación paraguaya y tenía un local comercial establecido en el país, elementos que, según la Fiscalía, demostraban sus vínculos y permanencia en Paraguay.

El principal cuestionamiento fiscal apunta a lo ocurrido durante el tiempo en que el empresario permaneció detenido. La acusación sostiene que Panniello fue llevado hasta su salón de belleza DivaDivini y, bajo presión, habría sido obligado a firmar documentos mediante los cuales cedió los muebles y demás bienes del establecimiento, cuyo valor superaba los G. 778 millones, además de un vehículo.

La Fiscalía sostiene que la libertad del ciudadano italiano se concretó aproximadamente una hora y media después de la entrega de sus bienes y cuestiona además que la entonces fiscala haya dispuesto su liberación sin que previamente prestara declaración indagatoria. Para Sanguines, la secuencia de la detención, la cesión de los bienes y la posterior liberación constituye uno de los principales elementos para sostener la acusación contra Cano.

Otro elemento señalado por el Ministerio Público es que, posteriormente, la Justicia determinó que no existió delito en los hechos que habían originado la investigación contra Panniello. Con estos antecedentes, Sanguines considera que la etapa investigativa quedó agotada y que existen elementos suficientes para que la exfiscala enfrente un juicio oral, instancia en la que deberán analizarse las pruebas y establecerse si existió responsabilidad penal. El hecho atribuido contempla una expectativa de hasta 10 años de prisión.