Los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Sánchez Zaracho, por presunto lavado de activos en la modalidad de frustración del comiso.

La Fiscalía sostiene que el magistrado habría ordenado la subasta de dos inmuebles que tenían medidas cautelares vigentes y sobre los cuales existía una expectativa de comiso dentro de la causa conocida como Caso Cabeza Branca, relacionada con una investigación por lavado de activos, tráfico ilícito y otros delitos.

Según la imputación, en agosto de 2023 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) comunicó al juez que ambos inmuebles estaban sujetos a medidas cautelares dictadas en el proceso penal. Pese a esa advertencia, el magistrado habría dispuesto avanzar con la subasta y posteriormente solicitó informes a la Dirección General de los Registros Públicos, cuyos documentos, emitidos en octubre y noviembre de ese año, confirmaron que seguía vigente una prohibición de innovar ordenada por la jueza penal de garantías Lici Teresa Sánchez.

La Fiscalía señala que, pese a esos antecedentes, la subasta se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2023 y los dos inmuebles fueron adjudicados a Grupo Paraná S.A. Posteriormente, el 28 de noviembre, Sánchez Zaracho habría aprobado la operación y dispuesto la inscripción preventiva de las propiedades a nombre de la firma adjudicada, para lo cual remitió los oficios correspondientes a Registros Públicos.

Sin embargo, la inscripción finalmente no se concretó, ya que la Dirección General de los Registros Públicos rechazó el trámite al constatar que las medidas cautelares dictadas dentro de la causa penal continuaban vigentes. Para el Ministerio Público, las actuaciones atribuidas al juez pusieron en riesgo la efectividad de esas medidas y la posibilidad de recuperar los bienes que podrían quedar sujetos a comiso dentro del proceso.

Los fiscales solicitaron además al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del magistrado y establecieron un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento correspondiente. La imputación fiscal deberá ahora avanzar dentro de la etapa investigativa, donde se deberán determinar las circunstancias de la actuación del juez y su eventual responsabilidad en los hechos señalados.