La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la administración de la Gobernación de Alto Paraguay durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, bajo la gestión del gobernador colorado cartista Arturo Méndez.

El informe cuestiona el manejo de más de G. 9.000 millones y señala, entre otros puntos, la falta de documentos que respalden distintos desembolsos realizados con recursos públicos.

La auditoría constató que la Gobernación no implementó tarjetas magnéticas para controlar la provisión y distribución de combustibles y lubricantes durante 2023 y 2024. En ese periodo quedaron sin respaldo documental completo gastos por G. 507,2 millones en combustibles y G. 114,6 millones provenientes de royalties.

Para 2024, la CGR también observó pagos por G. 1.533,7 millones en combustibles con recursos genuinos que no contaban con toda la documentación exigida.

El informe también encontró falencias en la entrega de aportes a instituciones sin fines de lucro y ONG. Durante 2023 se distribuyeron más de G. 1.200 millones sin el debido control de los documentos de rendición de cuentas, mientras que en 2024 se registraron otros G. 219,5 millones en aportes sin los respaldos requeridos.

A esto se suma el pago de G. 88,1 millones en concepto de subsidios y asistencia social a personas y familias que tampoco contaban con toda la documentación exigida.

Las observaciones también alcanzaron a obras ejecutadas durante la administración de Méndez. La CGR detectó problemas en un proyecto de pavimento de hormigón armado en Bahía Negra, contratado por G. 3.842,9 millones, cuya ejecución se extendió 243 días más allá del plazo establecido sin una ampliación formal mediante adenda justificada.

Otra obra cuestionada corresponde a la reparación de la sede de la Gobernación y la residencia del Ejecutivo departamental, con un costo de G. 1.200 millones. En este caso, el informe señala la ausencia de documentos esenciales en el legajo de rendición de cuentas, entre ellos las actas de inicio y de recepción definitiva de los trabajos.

La auditoría fue realizada a partir de una denuncia presentada por los concejales departamentales Juan Ortiz y Jorge Medina, ambos pertenecientes al sector cartista, el mismo espacio político del gobernador Méndez. La CGR aprobó el plan general de auditorías mediante la Resolución N.º 592, del 2 de julio de 2024.

Tras la publicación del informe, la Gobernación de Alto Paraguay afirmó que todavía no recibió oficialmente el documento de la Contraloría. La administración de Méndez señaló que tomó conocimiento de las observaciones a través de publicaciones periodísticas y que, una vez que reciba el informe, responderá a los cuestionamientos planteados por el órgano de control.