El juicio oral por el caso Tía Chela avanzó este martes con la incorporación y revisión de documentos relacionados con la compra de 25.000 kits de alimentos realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la pandemia de COVID-19. En esta etapa, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, puso especial atención en las facturas emitidas por las empresas que participaron como proveedoras dentro de la cadena de abastecimiento.

El Ministerio Público analiza estos documentos con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los productos y determinar si las operaciones comerciales consignadas efectivamente se realizaron. Según la acusación, algunas facturas registran compras efectuadas en fechas posteriores a aquellas en las que los alimentos supuestamente ya habían sido entregados a la municipalidad, diferencia temporal que forma parte de la hipótesis fiscal.

La causa tiene como principal acusado al exintendente Miguel Prieto, junto con otros diez procesados, y se tramita ante un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. La Fiscalía sostiene que la contratación de Tía Chela SRL se realizó mediante la vía de excepción y que el procedimiento habría permitido la adjudicación de un contrato por G. 2.949.650.000, correspondiente a los 25.000 kits.

Según la acusación, el análisis de las facturas y otros documentos permitió cuestionar la capacidad financiera, técnica y de experiencia de la empresa para cumplir con la provisión contratada, además de señalar un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160 para las arcas municipales. Estos planteamientos forman parte de la teoría del Ministerio Público y deberán ser contrastados con las demás pruebas incorporadas durante el juicio.

La defensa de Prieto sostiene una versión diferente y afirma que los 25.000 kits fueron entregados, además de cuestionar la interpretación realizada por la Fiscalía sobre las facturas y la trazabilidad de los productos. Los abogados señalan que algunos de los documentos corresponden a operaciones entre proveedores de la empresa contratada y no directamente a la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que el tribunal deberá determinar durante el debate el alcance probatorio de esa documentación y qué ocurrió con los alimentos adquiridos.