Un informe elaborado por el equipo de supervisión de áreas sistémicas del Banco Central del Paraguay (BCP) detectó presuntos vínculos entre Ueno Bank y las empresas Mowi SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA, pese a cambios societarios que, según el documento, habrían buscado desvincular formalmente a estas firmas del grupo de personas vinculadas al banco.

Los supervisores concluyeron que las tres empresas debían ser reincorporadas al Grupo de Personas Vinculadas y que correspondía recalcular la exposición crediticia consolidada para verificar el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa. El análisis se concentró especialmente en Grupo Hendy, que después de un cambio en su composición accionaria comenzó a recibir importantes desembolsos de Ueno Bank.

De acuerdo con el informe, Grupo Hendy registraba ingresos promedio de unos G. 73 millones mensuales durante 2025 y presentaba patrimonio neto negativo, pero llegó a acumular créditos de Ueno Bank por G. 252.521 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 42 millones. Los supervisores observaron que algunas de estas operaciones presentaban montos elevados frente a la capacidad de pago de la empresa, plazos de hasta 10 años y escasas garantías reales.

El seguimiento realizado por el BCP también habría identificado que parte de los fondos desembolsados terminó siendo transferida a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, entre ellas Itti y Redipro, mientras que otros recursos fueron utilizados para cubrir sobregiros y obligaciones. El informe señala que estas operaciones generaron dudas sobre el destino de los recursos y sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a las entidades financieras.

El caso se suma a las observaciones contenidas en otro memorándum del BCP, fechado el 10 de julio de 2026, en el que el entonces gerente de Supervisión Fernando Rivarola había advertido sobre excesos en los límites crediticios con empresas vinculadas, entre ellas Mowi, Grupo M y Grupo Hendy, además de otras firmas como Tuiu, Franede y Aime SA Corredores de Seguros. La normativa establece un límite máximo del 20% del patrimonio efectivo para las operaciones con personas vinculadas.