Ueno Bank habría utilizado dinero proveniente de sus propias operaciones para simular la venta de una cartera de créditos incobrables a la empresa Vinanzas S.A., también vinculada al grupo empresarial. Según la denuncia del Banco Central del Paraguay (BCP) y la imputación fiscal, la operación habría permitido ocultar la verdadera situación financiera de la entidad ante los organismos de control.
La operación se concretó el 15 de junio de 2026, mediante un contrato de cesión de créditos por USD 74.418.418. La cartera incluía préstamos otorgados a empresas vinculadas, entre ellas Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A. y MOWI S.A. Ante los cuestionamientos de la Superintendencia de Bancos por estos créditos, la entidad habría optado por transferirlos a Vinanzas S.A. en lugar de cancelar las obligaciones.
Sin embargo, la investigación sobre la trazabilidad del dinero detectó que Vinanzas no habría contado con recursos propios suficientes para concretar la compra. Los fondos utilizados habrían provenido de varias empresas que previamente recibieron préstamos de Ueno Bank, lo que habría permitido que el dinero regresara a la misma entidad financiera como supuesto pago por la cartera de créditos.
Entre las firmas que aportaron los recursos figuran HD Invest EAS, con USD 35 millones; Satec S.A., con USD 20 millones; Kasas Propiedades S.A.E., con USD 10 millones; Itti S.A.E., con USD 4 millones y otros USD 6 millones por cancelación de sobregiros; el Grupo Vázquez, con USD 4 millones, y Model S.A., con poco más de USD 2 millones.
De acuerdo con los informes de supervisión, esta operación habría constituido un esquema de financiamiento indirecto del propio banco a la empresa compradora. De esa manera, Ueno habría presentado como una venta de cartera una operación financiada con recursos que salieron previamente de la misma entidad, lo que habría impedido conocer su verdadera situación patrimonial.
Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas los ocho directivos de Ueno Bank y representantes de las empresas involucradas. Los procesados enfrentan cargos por presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.