Una planilla con registros de pagos realizados por empresas vinculadas al Grupo Vázquez a efectivos de la Policía Nacional reveló que el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos, recibía G. 10 millones mensuales de la firma Vinanzas SA.

El documento también incluye a otros ocho uniformados que percibían pagos a través de CBS SA, otra empresa relacionada con el conglomerado empresarial investigado por el caso Ueno Bank.

La planilla fue obtenida por radio Monumental 1080 AM y contiene los nombres de policías que prestaban servicios para empresas del Grupo Vázquez, cuyo principal referente, Federico Miguel Vázquez, se encuentra imputado y con prisión preventiva en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank.

Según los registros, Alarcón recibía mensualmente G. 10 millones de Vinanzas SA. El propio jefe policial reconoció que mantenía una relación comercial con la firma y explicó que los pagos correspondían a capacitaciones sobre prevención de fraudes digitales, uso indebido de imagen y suplantación de identidad, dirigidas a empleados y gerencias de seguridad.

El comisario sostuvo que facturaba por la totalidad de esos servicios y que cumplía con el pago del impuesto al valor agregado (IVA). También argumentó que la docencia es una actividad permitida para los agentes policiales y que su vinculación con la empresa se limitaba a las actividades de capacitación.

Además de Alarcón, la planilla menciona a otros ocho efectivos que recibían pagos de CBS SA. Entre ellos figuran Miguel Báez, con G. 1.600.000 mensuales; Luis Alberto Cantero, con G. 2 millones; Domingo Ferreira Bobadilla, con G. 1.600.000; Wilson Villasboa González y Dionicio Giménez Ortellado, con G. 2.500.000 cada uno.

También aparecen Óscar Ríos, Álex Alfonzo y Alberto Servín González, quienes percibían G. 2.500.000 mensuales cada uno. De acuerdo con la documentación divulgada, ninguno de estos ocho uniformados contaba con facturas por los pagos recibidos.

La aparición de los nombres de efectivos policiales en los registros genera nuevos cuestionamientos sobre los vínculos entre el Grupo Vázquez y miembros de la institución, especialmente por la naturaleza de los servicios prestados y las condiciones en que se realizaban los pagos.

El caso también se relaciona con otras denuncias sobre policías que habrían cumplido funciones de custodia para Miguel Vázquez y de vigilancia en propiedades y locales vinculados al grupo empresarial. Estos antecedentes abrieron interrogantes sobre la utilización de personal policial para actividades privadas y sobre las eventuales autorizaciones institucionales.

La situación de Alarcón adquiere particular atención debido a que se encuentra al frente del departamento especializado en investigar delitos informáticos, mientras que una de las empresas de las que recibía pagos está vinculada al conglomerado que actualmente es objeto de una investigación penal.

Los registros y las explicaciones del jefe policial deberán ser examinados por las instancias correspondientes para determinar si existieron incompatibilidades o irregularidades en la relación entre los uniformados y las empresas privadas. La existencia de pagos, por sí sola, no determina la comisión de un delito.