La investigación sobre la fuga de dos reclusos de alta peligrosidad de la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada abrió nuevas sospechas sobre un presunto esquema de corrupción que habría permitido a determinados internos acceder a espacios privilegiados dentro del establecimiento, a cambio de pagos que oscilarían entre USD 12.000 y USD 70.000.
La fiscala Fabiola Sosa señaló que el Ministerio Público investiga el supuesto cobro de dinero para permanecer en las denominadas celdas VIP, ubicadas en el módulo 7, sector de planta alta, un espacio que no estaba habilitado para alojar a personas privadas de libertad. Durante las verificaciones fueron identificados ocho internos que, según los registros, no debían estar en ese lugar.
De acuerdo con las primeras sospechas, los pagos se habrían realizado en dólares y los montos variarían según los beneficios obtenidos. La representante fiscal indicó que una de las cifras investigadas alcanza los USD 70.000, aunque aclaró que ese monto todavía debe ser comprobado.
La Fiscalía busca determinar cómo se autorizaban los traslados y quiénes intervenían en la elaboración de los perfiles penitenciarios que definían el módulo donde debía permanecer cada interno.
La sospecha apunta a que algunos funcionarios habrían manipulado estos procedimientos para favorecer a determinados reclusos, incluso a personas consideradas de alta peligrosidad que debían permanecer en sectores de máxima seguridad.
La investigación también detectó movimientos irregulares de teléfonos celulares dentro del penal. Según relató Sosa, luego de la fuga y antes de la llegada de los investigadores, un funcionario penitenciario fue sorprendido cuando intentaba retirar un bolsón que contenía dispositivos móviles.
Los guardiacárceles involucrados señalaron que recibieron instrucciones del entonces director del establecimiento, Pablo Abel González Apuril, y del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de Inteligencia Penitenciaria, para retirar los aparatos y evitar que fueran encontrados durante los procedimientos.
La fiscala sostuvo que Cáceres habría continuado impartiendo órdenes al personal de seguridad incluso después de que se dispusiera su salida de la coordinación de Inteligencia, el pasado 29 de septiembre.
Las imágenes del circuito cerrado y las declaraciones de los funcionarios forman parte de los elementos que analiza el Ministerio Público para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades.
Por el caso fueron detenidos el entonces director del penal, Pablo Abel González Apuril, y otros funcionarios. González se encuentra con prisión preventiva, mientras que la Fiscalía solicitó la misma medida para el subcomisario Cáceres.
Los cuatro guardiacárceles que inicialmente fueron arrestados declararon mediante anticipo jurisdiccional de pruebas y, por el momento, no fueron imputados, debido a que la Fiscalía busca utilizar sus testimonios para avanzar sobre quienes habrían impartido las órdenes.