El Ministerio Público imputó a los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros exintegrantes del Consejo de Administración y funcionarios de la previsional, por un presunto esquema que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

La investigación se centra en la adjudicación y posteriores adendas del contrato para la instalación de quirófanos modulares.

La imputación, presentada por el fiscal Julio Ortiz, alcanza también al exgerente de Logística, Hugo Aranda; al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar; y a otros exmiembros del Consejo. Todos fueron procesados por el presunto hecho punible de lesión de confianza.

Según la investigación, el contrato original rondaba los G. 53.000 millones, pero sucesivas adendas ampliaron el monto hasta alcanzar los G. 61.000 millones. La Fiscalía sostiene que los pagos continuaron pese a que las obras no avanzaban y a que informes internos ya advertían sobre presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.

El fiscal también solicitó la detención y la prisión preventiva de los imputados. Además, requirió que, en caso de ser aprehendidos, presenten cauciones por un monto equivalente al supuesto perjuicio ocasionado al IPS.

La causa forma parte de la investigación abierta por las contrataciones realizadas para los quirófanos modulares durante administraciones anteriores de la previsional.