Familiares y allegados del expresidente Santiago Peña consiguieron hace un año una resolución judicial que prohibió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregar documentos e información relacionada con sus actividades empresariales y vínculos societarios, sin una orden judicial expresa o un requerimiento de organismos estatales legalmente habilitados.

La acción de amparo constitucional fue presentada el 30 de octubre de 2025 por 13 personas, entre ellas Leticia Ocampos, esposa de Peña; sus padres, hermanos, hijos y otros integrantes de su entorno familiar. El recurso fue promovido contra el Ministerio de Economía, luego de que el comunicador Hugo Portillo solicitara información pública sobre las sociedades y empresas en las que los involucrados figuraban como accionistas, socios fundadores, integrantes de directorios, administradores, representantes legales o apoderados.

El pedido de información había sido presentado el 7 de septiembre de 2025 a través del Portal Unificado de Información Pública. La solicitud incluía datos sobre las participaciones empresariales de los familiares del entonces mandatario, así como documentos vinculados con la constitución de sociedades, actas de asambleas y directorios, registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales.

Los accionantes argumentaron que la eventual divulgación de esos documentos podía vulnerar sus derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental. Sostuvieron, además, que se trataba de información personal y patrimonial cuya entrega a terceros no estaba debidamente justificada.

El juez en lo Civil y Comercial, Diego Alejandro Torres, hizo lugar al amparo y consideró que, si bien la legislación sobre acceso a la información pública busca garantizar la transparencia de la gestión estatal y el control ciudadano, ese derecho no habilita la divulgación irrestricta de datos patrimoniales privados cuando no existe una relación directa con el control de la función pública.