La actuación del fiscal Aldo Cantero vuelve a quedar bajo cuestionamientos tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público por supuesto uso de documentos no auténticos y otras presuntas irregularidades en una causa por estafa, apropiación y lavado de activos.

La denuncia fue presentada por Ignacio Rafael Piccardo, quien está siendo investigado en el caso. Según su planteamiento, la fiscal María Estefanía González había intervenido inicialmente en la causa, pero luego fue reemplazada por Mercedes Vera Monges tras su designación como fiscal adjunta en Boquerón. Posteriormente, la defensa recusó a Vera Monges y se inició el trámite para que Cantero asumiera como fiscal interino.

El denunciante sostiene que la solicitud para vincular a Cantero al expediente fue presentada en el sistema informático del Poder Judicial utilizando el usuario de González, pese a que para ese momento ya se desempeñaba como fiscal adjunta. Afirma que la funcionaria no redactó ni firmó el escrito y que tampoco autorizó el uso de sus credenciales, por lo que considera que la actuación podría comprometer la validez de las decisiones posteriores.

La denuncia también cuestiona la rapidez con la que Cantero habría reabierto la investigación y solicitado llevar el caso a juicio oral, luego de que Piccardo obtuviera en abril de 2024 un sobreseimiento provisional mientras se aguardaban pericias sobre documentos vinculados al proceso. Según el escrito, el expediente acumulaba más de 3.500 fojas, por lo que el denunciante considera que la reapertura se produjo con una celeridad que debería ser revisada.

Otro punto señalado en la denuncia es una propuesta de conciliación por G. 100 millones realizada en octubre de 2025 por un abogado de la querella adhesiva. Piccardo considera llamativo el monto, debido a que la investigación atribuía un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.600 millones, y plantea que el ofrecimiento pudo haber buscado cerrar el proceso en medio de las irregularidades que denuncia.

Cantero ya había sido cuestionado anteriormente por su actuación en causas de alto perfil. Entre ellas se encuentra la investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exintegrantes de su gabinete, de la que fue apartado después de la divulgación de mensajes con el abogado Pedro Ovelar.

También fue mencionado en una conversación telefónica que involucraba al abogado Carmelo Caballero y a Raúl Fernández Lippmann, en la que se aludía a un supuesto pedido de dinero relacionado con actuaciones fiscales. Estas situaciones forman parte de los antecedentes que vuelven a poner bajo la lupa la actuación del agente del Ministerio Público.