La Contraloría General de la República detectó 1.090 títulos académicos correspondientes a 1.082 funcionarios públicos que presentan inconsistencias y no cuentan con respaldo documental suficiente. El informe preliminar abarca 35 instituciones estatales y ya fue remitido al Ministerio Público mediante una denuncia formal ante la presunción de hechos punibles.

El contralor general, Camilo Benítez, informó que la mayor cantidad de casos se concentra en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde más de 800 funcionarios habrían accedido a cargos que exigían títulos universitarios. Según explicó, las verificaciones realizadas con distintas universidades revelaron que algunos de los funcionarios no cursaron las carreras que figuran en sus documentos académicos.

La revisión también identificó 146 casos de profesionales médicos egresados de universidades que no estaban habilitadas o no contaban con la acreditación obligatoria de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Benítez advirtió sobre los riesgos que esto representa para la calidad de la formación y el ejercicio profesional en el sistema de salud.

El informe, sin embargo, todavía no refleja la totalidad de las posibles irregularidades. La Contraloría señaló que el análisis se realizó sobre 35 instituciones públicas y que aún faltaban respuestas de 221 organismos estatales y 27 instituciones educativas. El universo de personas que podría ser investigado asciende a unas 94.000, según los datos expuestos por el contralor.

Benítez también cuestionó los controles sobre la habilitación de carreras universitarias y apuntó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), al que atribuyó deficiencias en la supervisión de las ofertas académicas. Además, señaló que se identificaron 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, de las cuales 184 corresponden al área de salud.

El contralor indicó que las irregularidades no involucran únicamente a funcionarios del MEC, sino también a otras instituciones, incluida la propia Contraloría, donde se detectaron cuatro casos que ya dieron lugar a sumarios administrativos. Asimismo, aclaró que la investigación actual se centra en el sector público y todavía no abarca al privado.