La Cámara Paraguaya de Consultores salió al paso de los cuestionamientos sobre la Licitación Pública Nacional N.º 1927/2025-HHP5 y defendió la importancia de contar con empresas especializadas para atender los desafíos que enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional. En un comunicado, el gremio sostuvo que las consultoras que participan en procesos públicos deben acreditar experiencia específica, antecedentes verificables y capacidad técnica y profesional.

La entidad señaló que las firmas especializadas realizan inversiones permanentes en tecnología, equipamiento, software, metodologías y capacitación, herramientas que, según su planteamiento, permiten incorporar capacidades desarrolladas en proyectos anteriores y complementar los recursos disponibles dentro de las instituciones públicas.

Como ejemplo, la Cámara se refirió a las pérdidas eléctricas de la ANDE y señaló que, al cierre de 2025, estas alcanzaron el 24,4%, de acuerdo con el Balance Anual de Gestión Pública citado en su comunicado. También sostuvo que durante 2024 la energía perdida llegó a más de 6,93 millones de MWh, cuyo valor, calculado con la tarifa media nacional, representaría más de US$ 341 millones, además de otros perjuicios relacionados con pérdidas no técnicas, comerciales y conexiones irregulares.

El gremio también advirtió sobre el crecimiento de la demanda eléctrica y señaló que durante los primeros cinco meses de 2026 el consumo aumentó 19,4% frente al mismo periodo del año anterior. En ese contexto, consideró necesario que el sistema eléctrico acompañe el crecimiento de la economía mediante nuevas tecnologías, conocimientos y capacidades especializadas.

La Cámara Paraguaya de Consultores sostuvo además que reducir las pérdidas permitiría recuperar recursos que podrían destinarse a nuevas inversiones, infraestructura y mejoras del servicio eléctrico. Por ello, planteó que el análisis de una consultoría no debería concentrarse únicamente en su costo, sino también en el problema que busca resolver, las capacidades que incorpora y los resultados que puede generar.

Respecto al proceso licitatorio cuestionado, la organización manifestó su preocupación ante la posibilidad de que un llamado de esta importancia sea paralizado por objeciones sectoriales que, según señaló, no estén respaldadas por argumentos técnicos, económicos o administrativos. La Cámara consideró que el objetivo debe ser garantizar que los recursos públicos destinados al sector eléctrico se traduzcan en resultados concretos, medibles y sostenibles para la institución y para el país.