Una semana después de su aprobación, el Senado remitió finalmente al Banco Central del Paraguay (BCP) el pedido de informes sobre las operaciones de Ueno Bank, por lo que la banca matriz dispone ahora de 15 días para responder.

El requerimiento busca conocer los controles aplicados a la entidad y las actuaciones de la Superintendencia de Bancos, especialmente en relación con los límites establecidos para operaciones con empresas y personas vinculadas.

El documento contiene 31 preguntas distribuidas en seis apartados y comienza con consultas sobre el marco regulatorio y los mecanismos de fiscalización que utiliza el BCP cuando detecta eventuales excesos en operaciones con vinculadas.

También solicita información sobre los procedimientos aplicados ante esos casos, los requisitos para la venta de cartera y las operaciones que puedan constituir mecanismos de financiación indirecta.

Otro bloque se concentra directamente en las operaciones de Ueno Bank con las firmas Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.

El Senado pide conocer fechas, montos involucrados, tiempo de permanencia de las operaciones, garantías utilizadas, capacidad de pago de los clientes, destino de los fondos y los informes de inspección elaborados por la Superintendencia de Bancos desde enero de 2025.

El pedido también apunta a una operación de venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, además de la emisión y colocación de bonos vinculados a ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad bancaria, adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A.

Los legisladores buscan determinar cómo clasificó el BCP estas operaciones y si correspondían a una venta al contado o a un esquema de financiación indirecta.

Entre las consultas también aparece un memorando fechado el 10 de julio de 2026 y firmado por el entonces gerente de Supervisión, Fernando Rivarola.

El Senado pide una copia del documento y pretende conocer qué trámite recibió dentro de la Superintendencia, si existieron diferencias de criterio técnico y qué protocolos aplica el organismo cuando aparecen desacuerdos internos sobre las decisiones de supervisión, además de solicitar información sobre las rotaciones del personal asignado a controlar a la entidad.

Otro de los puntos se refiere a los fondos públicos y previsionales depositados en Ueno Bank, especialmente los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). El requerimiento pide conocer si el BCP evaluó el riesgo de concentración de esos fondos y qué análisis realizó sobre la exposición del sistema financiero ante el volumen de recursos públicos depositados en la entidad.

También se solicita información sobre la excepción contable otorgada tras la absorción de Visión Banco y sobre las eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con las operaciones bajo análisis.

El Senado también pidió informes de las inspecciones realizadas a Ueno Bank durante 2025 y 2026, dictámenes jurídicos y el acto administrativo relacionado con eventuales excesos a los límites prudenciales, incluyendo las fechas de inicio y cierre de los procedimientos. Con la recepción formal del documento, el BCP tiene un plazo de 15 días para remitir sus respuestas, que luego serán analizadas por la Cámara Alta.