El presidente de la República, Santiago Peña, vetó totalmente el proyecto de Ley N.º 7667/2026, que pretendía exonerar del pago de impuestos y tasas la importación de vehículos especializados donados o adquiridos para los cuerpos de bomberos voluntarios y las instituciones públicas que cuentan con estos servicios.

La iniciativa buscaba facilitar el ingreso al país de camiones hidrantes, vehículos de rescate, ambulancias destinadas a emergencias y otras unidades utilizadas para combatir incendios y asistir a personas en situaciones de riesgo. Sus impulsores argumentaron que los costos de importación y las trabas administrativas dificultan la incorporación de estos equipos, especialmente para las compañías que dependen de donaciones del exterior.

El Poder Ejecutivo justificó el veto al considerar que los beneficios tributarios propuestos ya están contemplados en la legislación vigente. Para sustentar su decisión, tomó en cuenta informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que señalaron una superposición de normas sobre la misma materia.

Entre las disposiciones citadas figura la Ley N.º 6762/2021, cuyo artículo 14 contempla la liberación de derechos y adicionales aduaneros para la importación de vehículos y equipos necesarios para las funciones de los cuerpos de bomberos voluntarios. Según el Ejecutivo, este marco legal ya establece beneficios suficientes, por lo que consideró innecesaria una nueva normativa.

Sin embargo, los promotores del proyecto sostienen que, pese a la existencia de estas disposiciones, las instituciones bomberiles siguen enfrentando dificultades para concretar las importaciones y recibir vehículos donados. La propuesta apuntaba a simplificar los procedimientos y reducir los costos que deben afrontar para incorporar unidades operativas.

La decisión presidencial ya fue rechazada por la Cámara de Diputados, que el 31 de agosto se ratificó en la sanción inicial del proyecto con 42 votos. Ahora, el tratamiento legislativo deberá continuar en el Senado, que tendrá que analizar la objeción del Poder Ejecutivo.