Los senadores de Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Banco Central del Paraguay (BCP) información detallada sobre las operaciones de Ueno Bank y los controles aplicados por la Superintendencia de Bancos.

El pedido busca determinar si la entidad cumplió con los límites prudenciales establecidos para las operaciones con empresas vinculadas y si el organismo regulador adoptó las medidas correctivas correspondientes ante eventuales excesos.

El documento plantea una serie de consultas sobre operaciones realizadas con firmas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Los legisladores también solicitan información sobre una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A. por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, además de la emisión y colocación de bonos vinculados a ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad bancaria, adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A.

El pedido también pone bajo revisión el nivel de concentración de recursos públicos y previsionales depositados en Ueno Bank, particularmente los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque Natalicio Chase aclaró que la intención no es cuestionar la seguridad de esos recursos, sino verificar que las operaciones se hayan mantenido dentro de los límites establecidos por las normas. En ese mismo sentido, los senadores buscan conocer qué evaluación realizó el BCP sobre el riesgo de concentración fiscal y previsional asociado al volumen de depósitos de organismos públicos en la entidad.

Otro de los puntos que deberá aclarar el BCP corresponde a la excepción contable otorgada a Ueno tras la absorción de Visión Banco y el posible impacto que tendría su reversión sobre los indicadores de solvencia de la entidad.

Además, los legisladores pretenden determinar si existieron diferencias de criterio dentro de la Superintendencia a partir de un memorando fechado el 10 de julio de 2026, firmado por el entonces gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, y qué trámite recibió ese documento dentro del organismo regulador.

La solicitud contempla en total 31 preguntas y requiere al BCP informes de inspección y monitoreo realizados sobre Ueno Bank durante 2025 y 2026, dictámenes jurídicos, registros de eventuales excesos a los límites prudenciales y las resoluciones mediante las cuales se hayan admitido o rechazado medidas para subsanarlos. También se consulta si se aplicaron planes de regularización, medidas cautelares o procedimientos sancionatorios contra la entidad o sus directivos.

El pedido será tratado por el Senado en la sesión ordinaria prevista para este miércoles y, de aprobarse, el Banco Central tendrá un plazo de 15 días para remitir las respuestas. Los proyectistas sostienen que los datos permitirán determinar si la supervisión sobre Ueno Bank se ajustó a las normas vigentes y, eventualmente, establecer responsabilidades administrativas si se confirma que funcionarios del organismo regulador omitieron medidas ante operaciones que hayan superado los límites establecidos.